Colombia

El pasado 29 de septiembre de 2017 se llevó a cabo el seminario ‘Pactos para superar la violencia política’ y tuvo como propósito suscitar una reflexión amplia sobre la necesidad de prevenir y erradicar el uso de la violencia -en todas sus formas- de la política colombiana, particularmente frente a los retos que se presentan de cara al proceso electoral de 2018. Esta iniciativa se enmarcó en el ciclo de conferencias ‘Política, Posconflicto y Gobernabilidad’, promovida por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD-, en alianza con la Comisión de Paz del Congreso de la República, la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -FESCOL y la Corporación Viva la Ciudadanía

El seminario se dividió en tres paneles, en los cuales se analizó del fenómeno de violencia política desde distintas perspectivas. El primer panel reunión a congresistas y representantes de diversos partidos políticos del nivel nacional, quienes recordaron algunos hechos violentos de los que han sido objeto durante sus carreras y que han afectado a sus organizaciones políticas. Los actores políticos señalaron con preocupación el aumento en los niveles de polarización, la agresividad en el discurso y la difusión de información falsa, como factores que intensifican la violencia política en el periodo pre-electoral. De igual forma, se mostraron de acuerdo en la necesidad de promover discusiones políticas sobre la base de la argumentación y de rodear el ejercicio político de garantías  de seguridad.

El segundo panel contó con la participación de representantes del Centro de Investigación de Educación Popular -CINEP, la Fundación Ideas para la Paz y la Misión de Observación Electoral -MOE, organizaciones que han estudiado sistemáticamente el fenómeno de la violencia política en el país.  Los expertos debatieron sobre las distintas cifras y formas de medir la violencia política que existen en el país, así como sus diversas expresiones en los territorios. En particular, señalaron que, si bien en los últimos años los hechos de violencia política perpetrados por las guerrillas y grupos paramilitares han disminuido, otros repertorios de violencia han venido ganando terreno y generando un efecto disuasivo sobre la acción política en el nivel local. Adicionalmente, mostraron preocupación ante los vacíos de poder por la falta de presencia estatal en algunos de los lugares más afectados por el conflicto, que puede acarrear riesgos para la seguridad de los actores políticos en las próximas elecciones. Finalmente, se hizo un llamado para que los partidos políticos muestren un mayor interés en la protección y seguridad de sus representantes y candidatos.

En el tercer panel se indagó sobre los retos en materia de violencia política que enfrentan las circunscripciones especiales de paz y las iniciativas que se desarrollan en los territorios para motivar el diálogo. En esta última sesión, los actores políticos territoriales protagonizaron el debate junto con el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los panelistas coincidieron en que su reto principal es construir una visión colectiva del poder social y alcanzar consensos sobre visiones del territorio entre los diversos actores sociales, políticos y económicos. Para lograr dichos acuerdos, reconocieron en que importante remover las barreras mentales y culturales que generan polarización y obstaculizan la promoción de paz a través del diálogo.

En términos generales, durante el evento se evidenció la necesidad de construir pactos sociales y políticos para la reconciliación y la erradicación de la violencia política en todas sus formas; el proceso debe pasar necesariamente por el fortalecimiento de la presencia estatal en los territorios, haciendo énfasis en el otorgamiento de garantías para el ejercicio de la política y mejorando los mecanismos de consulta democrática. El temor ante la repetición de los hechos lamentables de violencia política que han afectado la democracia colombiana por décadas debe llevar a los actores políticos y a la sociedad en general a adoptar normas de comportamiento que sean contrarias a cualquier forma de violencia y que reconozcan la diversidad en el marco del respeto.