Es un lugar común mencionar a los partidos políticos como una de las instituciones que menor credibilidad y confianza generan en la ciudadanía. Rigurosos estudios señalan que sólo el 10% de los colombianos confía en los partidos (Barómetro, 2018, P. 266). Lo que no es común es pensar acerca del rol de los partidos políticos en las sociedades modernas. Se nos olvida que hablar de partidos políticos es hablar de la democracia misma.
La historia de los partidos políticos modernos puede rastrearse a la primera mitad del siglo XIX, con la aparición de los partidos de notables en Estados Unidos e Inglaterra, la posterior irrupción de los partidos de masas a finales de 1900, su transformación en partidos electorales de masas en la segunda posguerra y su posterior consolidación en lo que expertos han denominado “partidos tomatodo” en ciernes del siglo XX. En términos generales, puede afirmarse que su nacimiento y desarrollo, está vinculado al problema de la participación, es decir, al progresivo aumento de la demanda de participar en el proceso de formación de las decisiones políticas por parte de los diferentes grupos que conforman una sociedad.
A partir de esta evolución, se ha constatado que los partidos políticos tienen dos roles. El primero tiene que ver con la transmisión de las demandas políticas de la sociedad y su transformación en decisiones políticas. El segundo, la delegación del ejercicio de acciones para conquistar el poder y gobernar una comunidad. El incumplimiento de estas funciones produce la actual “crisis de la representatividad” que, según Alan Touraine, es una crisis de la democracia, porque no hay democracia que no sea representativa. Actuar para revertir la crisis de la representatividad se convierte en un imperativo. Solo en un régimen democrático es posible garantizar las libertades inherentes al ser humano, pero sin partidos políticos no hay democracia.
La necesidad de reformar el sistema de partidos en Colombia para hacerlo más abierto e inclusivo es una preocupación permanente en la agenda política del país. La Constitución de 1991 y sus subsecuentes reformas han sido apuestas por mejorar el marco institucional que regula a las organizaciones políticas y el esquema de incentivos para hacerlos más capaces para cumplir sus funciones y responsivos a las demandas sociales. La tarea aún no ha sido cumplida.
Son varios los aspectos en los que se deben fortalecer los partidos políticos, sin embargo, quisiera detenerme en tres que considero fundamentales para resolver la crisis de representatividad: democracia interna, transparencia y rendición de cuentas e inclusión de la mujer.
Democracia Interna.
Mejorar los procesos de democracia interna al interior de los partidos es fundamental para garantizar los derechos políticos de los afiliados a una organización política y para dotar de legitimidad las posturas adoptadas y las decisiones tomadas por las colectividades. Reconocer quiénes son los militantes de una organización política es condición necesaria para trasegar hacia la consolidación de partidos democráticos. Optimizar los medios a través de los cuáles se realiza el registro de afiliados debe ser prioritario, pues los actualmente dispuestos por la autoridad electoral son insuficientes.
Según lo manifestó la Misión Electoral Especial, “actualmente el procedimiento para la identificación y registro de los afiliados a los partidos y movimientos políticos está reglamentado por la Resolución No. 1839 de 2013, proferida por el Consejo Nacional Electoral. De manera general, se regula el procedimiento de afiliación, desafiliación y la información que deberán registrar las organizaciones políticas. Pese a que dicha resolución es un paso importante hacia la consolidación del Sistema Nacional de Afiliados, no cumple con el estándar exigido por el art. 152 de la Constitución, de acuerdo con el cual los derechos y deberes fundamentales de las personas y la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos deberán tramitarse a través de ley estatutaria”[1].
En este sentido, acierta la propuesta de Reforma Política que actualmente cursa en el Congreso, cuando establece la obligatoriedad de realizar procesos de democracia interna para la definición de candidaturas a cargos en corporaciones públicas y uninominales, sin embargo, es pertinente llamar la atención sobre la urgente necesidad de modernizar el Registro de Afiliados existente, garantizando altos estándares de seguridad de la información, independencia tecnológica y valor agregado, que permita a las organizaciones políticas fortalecer, aumentar y complejizar las relaciones con sus afiliados.
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Transparentar los partidos políticos es, quizás, uno de los factores más críticos para aumentar la confianza de la ciudadanía en las organizaciones encargadas de representar sus intereses. La expedición de la Ley 1712 de 2014 fue un paso acertado hacia ese objetivo, pues reconoce a los partidos políticos como sujetos obligados en el cumplimiento de las disposiciones de transparencia activa, transparencia pasiva y gestión documental, que puede ser potenciado a través de la labor de vigilancia que realiza la Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada de Defensa del Patrimonio Público, Transparencia y la Integridad, pero que necesita del concurso del Consejo Nacional Electoral para hacer efectiva los procesos de control y sanción por incumplimiento.
Existen herramientas que permiten a los partidos políticos evaluar su desempeño en materia de transparencia y formular planes de mejoramiento. No obstante, hay que señalar que la transparencia de las organizaciones políticas, en clave de fortalecimiento de su legitimidad y confianza, va más allá del cumplimiento de la ley. La Transparencia 360°, entendida como la mejora organizacional de forma transparente, invita a los partidos dar a conocer sus compromisos de mejora (por qué), desde el sentido de responsabilidad y trabajo bien hecho y el compromiso con el bien común (para qué) a través de iniciativas de participación sustantiva de sus grupos de interés internos y externos. Tristemente, la Reforma Política en curso no hace referencia en ningún momento a la puesta en marcha de nuestros instrumentos que permitan transparentar las organizaciones políticas.
Inclusión de la Mujer.
La democracia alrededor del mundo aún está en deuda con la mujer. En Colombia, solo hasta 1958 fueron reconocidos derechos políticos de las mujeres: elegir y ser elegidas. Sin embargo, su participación y representación en el sistema político no se compadece con el peso demográfico del género femenino. Es una verdad innegable que las estructuras de poder y las instancias de decisión se encuentra copadas mayoritariamente por hombres. Es por esto que, con el fin de corregir estas desigualdades, se propuso en 2011 la implementación de la cuota del 30% para aumentar la participación política de la mujer. Sin embargo, ocho años después de expedida la Ley 1775, las mujeres elegidas suman solamente: 23,4% en Senado, 18,1% en Cámara, 16.8% en asambleas, 17.6% en concejos, 12.5% en gobernaciones y solo 12.2% en las alcaldías. Menos del 30% de lo establecido en la cuota.
En este sentido, la Misión Electoral Especial señaló que “(l)a cuota (a paso lento pero seguro) sí ha representado una mejora en la participación de las mujeres, pero pierde su poder por falta de mandato de posición en las listas. La mayoría de las veces, son colocadas en puestos con baja visibilidad y, en el caso de listas cerradas, con baja probabilidad de elegibilidad. Como los partidos están en libertad de proponer listas cerradas de voto preferente, la mayoría opta por esta última modalidad, la cual ofrece menos posibilidades de que una mujer salga elegida”[2].
Esta situación se refleja también en que “la mayoría de los órganos de dirección de los partidos las mujeres están subrepresentadas. Además, con contadas excepciones, “no existen en los partidos oficinas o secretarías de mujer operando con suficientes recursos, no hay formación especial para las mujeres ni hay apoyo equitativo en campañas políticas de las candidatas”[3]. Incluso, “los recursos financieros destinados, por ley, a la promoción de las mujeres en los partidos y movimientos políticos, no están ni especificados ni controlados”[4].
Por lo que se propone que los partidos garanticen la inclusión de los principios de igualdad de género en sus estatutos, estableciendo la aplicación de la cuota en posiciones de decisión de sus diferentes estructuras y mecanismos de toma de decisión (asambleas, convenciones, consultas, encuestas).
La Reforma Política que avanza en el Congreso da tímidos pasos en materia de potenciar la participación política de la mujer, al establecer un aumento progresivo de la cuota hasta el 50% en los próximos años, en todas las circunscripciones para corporaciones públicas. Sin embargo, falla en establecer mandato de posición, lo que condena a las mujeres a continuar siendo relegadas en posiciones de menor visibilidad en las listas, que se supone serán cerradas.
Conclusión.
La calidad de una democracia se puede medir por la calidad de sus partidos. Si los partidos son opacos, excluyentes y cerrados, la democracia también lo será. Mejorar y fortalecer nuestros partidos políticos es un imperativo si quieres que nuestra democracia sea robusta y saludable. Este el antídoto para evitar que el poder en nuestras comunidades sea cooptado por liderazgos que, cabalgando en las olas de indignación y jugando con las reglas de la democracia, impongan agendas que amenacen las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
[1] https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf P. 136
[2] https://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Libro-Reforrma-completo-2017-1-1.pdf P. 120
[3] P. 121
[4] Ibid.