El concepto de Gobierno Abierto “hace referencia a la expresión de ciertos principios que se manifiestan en: a) mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social y rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); b) facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (e incidir en la toma de decisiones); y c) favorecer la generación de espacios de colaboración entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o coproducir valor público”. (Ramírez-Alujas, 2010).
“Datos Abiertos corresponde a una filosofía y práctica que persigue que determinados datos de los Gobiernos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control, permitiendo el impulso del crecimiento económico, salvaguardar los derechos de ciudadanos y empresas, así como, delimitar las obligaciones de las administraciones”. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, 2021).
“Hace referencia a la obligación que tienen las instituciones del Estado de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración del organismo” (Ministerio de Educación Nacional, s.f. p.17).
Ejercicio de la ciudadanía y del compromiso social mediante la participación activa en redes sociales de personas naturales o jurídicas, creando dinámicas de información, sensibilización, educación y movilización social usando la web (Agencia Nacional Digital , s. f).
La rendición de cuentas es una responsabilidad de gubernamental a la que deben responder todas las ramas del poder público, tanto a nivel nacional y subnacional, la cual consiste en “informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y grupo de valor) sobre la gestión realizada, los resultados de sus planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos” (DAFP, 2019, p. 6).
El Parlamento de las Américas define al Parlamento Abierto como “una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura y transparencia de los parlamentos, con el fin de garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad en la labor parlamentaria”. (Parlamento de las Américas, 2023).
Se refiere al aprovechamiento que hacen los Gobiernos y las entidades públicas de las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la comunicación con los ciudadanos, prestar servicios y realizar trámites de manera más ágil y efectiva, así como mejorar la transparencia y el acceso a la información pública.
“Es la obligación que tienen los organismos públicos de entregar cierta información relevante y actualizada cada mes de cómo están organizados, sus contratos y contrataciones, así como distintos modos de relación con la ciudadanía (transferencias, beneficios, mecanismos de participación) entre otros. Esta obligación se encuentra regulada en la ley No. 20285 sobre <>” (Ministerio de Educación, s.f. p.17).
Es una actividad política que realizan distintos grupos o actores con intereses definidos (como empresarios, grupos económicos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) con el fin de influir en las decisiones de las autoridades, entre estas el Congreso, Asambleas y Concejos. En las últimas décadas, han surgido importantes iniciativas a nivel internacional para regular y hacer más transparente el cabildeo, con el fin de prevenir la corrupción y para que los ciudadanos tengan información suficiente sobre los intereses que defienden sus gobernantes.
La transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, implican la adopción de acciones diferenciadas a nivel institucional y a nivel individual (para los servidores públicos, tomadores de decisiones, miembros de corporaciones públicas, miembros de JAL, etc.). Las acciones institucionales buscan fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y de gestión, para tener procesos misionales que garanticen la integridad y ética pública. Mientras que, a nivel individual se busca el reconocimiento de la responsabilidad política y social por la gestión, resultados y decisiones tomadas en el marco de las funciones públicas. A continuación, en los apartados 1.3. y 1.4 se brindan algunas herramientas para facilitar la comprensión y aplicación diferenciada de la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas a nivel institucional e individual.