La transparencia y el acceso a la información pública son pilares fundamentales para el adecuado desarrollo de las sociedades democráticas contemporáneas. El concepto de transparencia implica la publicidad de los actos de Gobierno (Marván, citado por Cejudo, G. 2019). En tal sentido Hood plantea que la concepción moderna del concepto de transparencia se basa en tres dimensiones, en primera instancia, la idea de que los gobiernos deben actuar de forma previsible y con base en leyes y normas de conocimiento público; segundo, los gobiernos tienen el deber de actuar con estricto sentido ético y garantizando el bien común; y en tercera instancia, es importante que existan unas condiciones sociales que garanticen el efectivo ejercicio del control social con el fin de observar y denunciar la corrupción y los excesos de poder por parte del Gobierno y las autoridades públicas (Citado por Cejudo, G. 2019).

El acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la legislación colombiana, dado que es un elemento esencial para la participación ciudadana, para el acceso y goce efectivo de los derechos y el fortalecimiento de la democracia.

Actualmente, gracias a los avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, existen herramientas que permiten un intercambio ágil, eficaz y transparente entre el Gobierno y la ciudadanía. Algunas formas de intercambio son mediante el fortalecimiento de los trámites y servicios digitales y la divulgación de información de interés público en redes sociales y/o plataformas web institucionales, para lo que es esencial usar un lenguaje claro y accesible para la ciudadanía, para fomentar un diálogo más horizontal y una comprensión de los asuntos gubernamentales.

Los Gobiernos subnacionales, Concejos, Asambleas, Juntas Administradoras Locales – JAL–, las empresas privadas y la sociedad también pueden fortalecer la ética, probidad y justicia en sus actuaciones usando y apropiando la información pública para tomar decisiones o realizar consultas y sondeos que recojan las expectativas y opiniones de la ciudadanía. La transparencia no se trata solo de divulgar información, sino de garantizar que las decisiones gubernamentales se tomen de manera informada y que la ciudadanía sea tenida en cuenta; en tal sentido, iniciativas como los portales de datos abiertos, los centros de analítica de datos, los portales de participación ciudadana y los bancos de proyectos; así como el uso de herramientas como el Blockchain para promover mayor transparencia y seguridad en la utilización de información pública o los sistemas de georeferenciación espacial, juegan un papel muy importante para el diseño de políticas públicas, la creación de leyes e iniciativas legislativas y en general para la búsqueda de soluciones basada en evidencia.

Por último, una responsabilidad de los gobernantes, en el marco de la transparencia, es rendir cuentas de su gestión, sus logros y el manejo de los recursos públicos, solo así los servidores públicos se responsabilizaron de las consecuencias de sus acciones y decisiones y los ciudadanos pueden conocer y evaluar su desempeño.

Por tal motivo, la rendición de cuentas es una estrategia muy importante para prevenir la corrupción, dado que en la medida que los servidores públicos estén en permanente escrutinio y sean conscientes de la obligación a justificar y explicar sus acciones y decisiones, es más probable que tengan un mayor incentivo para actuar con ética e integridad. En tal sentido, la rendición de cuentas no puede confundirse con un evento mediático o un acto de propaganda, debe ser el resultado de un proceso informado y con diálogo social, en el que cualquier ciudadano pueda preguntar, cuestionar de manera respetuosa o solicitar aclaraciones sobre la gestión de los servidores públicos.

La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y demás actores sociales e institucionales, tienen un rol central en la rendición de cuentas, no solo como grupos de valor que defienden sus intereses, sino como potenciales veedores. Por tal motivo es muy importante brindar las condiciones necesarias para que el ejercicio de control social sea efectivo, esto implica realizar actividades y procesos de formación y cualificación de la ciudadanía, desarrollar herramientas de fácil acceso y comprensión para seguimiento a la administración pública, promover la conformación de redes para la organización y el intercambio de experiencias y fortalecer los espacios para la divulgación de los hallazgos y resultados del control social.