Uno de los principales retos para el fortalecimiento de la democracia en Colombia es el de garantizar y hacer efectiva la participación ciudadana en las decisiones públicas. En tal sentido, la Constitución de 1991 buscó en su momento transformar la estructura centralista, autoritaria y vertical de toma de decisiones y sentó las bases para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa, mediante el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la descentralización con el fin de dar una mayor autonomía a las entidades territoriales y promover la participación directa de la ciudadanía en la gestión del desarrollo local.

Así mismo, la Ley 134 de 1994 institucionalizó mecanismos participativos como el referendo, las consultas populares, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; pero estas herramientas no han tenido la efectividad esperada y han terminado por convertirse en recursos extraordinarios y de difícil trámite.

Lo anterior, sumado a la desconfianza y pérdida de credibilidad en las instituciones gubernamentales por su ineficacia para responder a las demandas de los ciudadanos, la corrupción en la administración pública y la percepción de que el sistema político solo responde a los intereses de las elites nacionales y locales ha terminado por generar un déficit de representación y participación ciudadana que afecta la calidad de la democracia.

Ante esta problemática, en las últimas décadas han surgido nuevas formas de pensar la relación entre el Gobierno y la ciudadanía, mediante enfoques y conceptos basados en la gobernanza, la cual se puede definir como el “proceso de coordinación de actores, grupos sociales e instituciones para alcanzar objetivos que han sido discutidos y definidos colectivamente en entornos fragmentados” (Bagnasco y Le Galès, citado por Montero, et. al 2021).

Una de las principales características del concepto de gobernanza es que busca dar respuesta a la paulatina pérdida de capacidad de los Estados y a la creciente interdependencia en las relaciones de poder. Dado que el sector público no posee el control de la información ni de los recursos económicos; requiere asociarse con otros actores para responder a la complejidad de los problemas sociales. Este cambio en la forma de tomar decisiones y de gobernar es caracterizado por Luis Aguilar de la siguiente manera:

“El modo concreto, ´moderno´, como se practica el Gobierno, es en modo de “co–acción”, entendida como la acción conjunta o asociada entre el sector público y el privado o el social, que se manifiesta en formas observables de co-regulación, co-producción, co-dirección, co-gestión, colaboración, corresponsabilidad… al abordar los asuntos de interés público. El modo concreto de gobernar no es empero algo optativo, anecdótico, temporal, si no expresa y reproduce una pauta o patrón estructural de dirección pública, cuya característica esencial es la interdependencia gubernamental – social” (Aguilar, 2010. p. 32).

Pensar la gobernanza y el fortalecimiento de la participación ciudadana, implica diversos retos como por ejemplo: plantear formas más horizontales de gobernar, crear canales de comunicación y concertación confiables y versátiles, generar un efectivo involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones, garantizar que los espacios de decisión no sean cooptados y manipulados por intereses económicos o de grupos poderosos y superar barreras socioeconómicas y de cualificación que en ocasiones impiden garantizar la igualdad en las condiciones de la participación ciudadana.