Uno de los aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de la democracia es, sin duda, la participación política de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad de oportunidades; sin embargo, desde la Antigüedad, y a lo largo de la consolidación histórica de los gobiernos democráticos occidentales, las mujeres han estado subrepresentadas y han experimentado múltiples obstáculos de índole institucional, legal y cultural que dificultan su participación en escenarios de poder (Bernal, 2014), siendo la violencia contra las mujeres en política uno de estos.
Este tipo de violencia, así como las violencias basadas en género, tienen su origen en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres con ocurrencia en todos los países del mundo, sin importar su nivel de desarrollo (NIMD, 2016).
Sus manifestaciones afectan de manera diferenciada a las mujeres que habitan la política. Amenazas, agresiones físicas, insultos, discriminación, difamación, secuestro y asesinatos, son apenas algunos de los actos que enfrentan las mujeres una vez deciden hacer públicos sus liderazgos.
Hoy, gracias al trabajo de un número importante de mujeres políticas, académicas y activistas, los países latinoamericanos han empezado a teorizar y legislar sobre este fenómeno. En Colombia, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria realizó en el año 2016 la investigación “No es Normal. Mujeres y Participación Política en Colombia. El fenómeno de la Violencia Contra las Mujeres en Política”, a través del cual se evidenció que 6 de cada 10 mujeres en el país han experimentado este tipo de violencia en el ejercicio de sus derechos políticos (NIMD 2016).
