Aunque el 50% del punto 2 del Acuerdo Final de Paz (AFP) ya ha sido implementado o se encuentra en desarrollo, lo puesto en marcha pone en riesgo la naturaleza y el espíritu de lo pactado. Así lo advirtió el último informe sobre los avances, estancamientos y tendencias de la implementación de este punto, presentado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

Según el informe denominado “Profundizar la Democracia para Consolidar la Paz”, después de poco más de dos años de la firma del AFP, el balance de la implementación es paradójico: si bien un número significativo de las tareas previstas en la implementación de este punto ya han sido completadas o están en desarrollo, este proceso no parece estar respetando cabalmente el espíritu o la intencionalidad del Acuerdo, ocasionando el estancamiento y la demora en algunas de las tareas, cuando no su franco retroceso.
El estudio presentado por el NIMD, organización acompañante de la verificación internacional del punto 2 del AFP, muestra que el 58% de las tareas contempladas en el punto 2 han sido implementadas o se encuentran en desarrollo.

Sin embargo, aún el 42% de las tareas previstas, no han empezado a implementarse. Esto hace que este punto siga siendo uno de los más retrasados en su materialización. Además, las tareas que ya han sido ejecutadas se quedaron cortas desarrollando su espíritu descentralizado, o se llevaron a cabo sin consultar de forma directa y eficaz a los actores políticos y sociales del nivel local y regional. Así lo señalaron la mayoría de los líderes políticos y sociales consultados por el NIMD en 8 regiones del país afectadas históricamente por el conflicto armado.

Adicionalmente, el informe llama la atención sobre el hecho de que la implementación de las tareas dirigidas a garantizar la seguridad se haya hecho priorizando un modelo de seguridad que va en contravía con lo pactado en el AFP. En ocasiones, las medidas implementadas por el Gobierno Nacional responden más a un país que está entrando en un conflicto armado más que a uno que está intentando salir de él.

Es el caso del Plan de Acción Oportuna (PAO) para la prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Esta medida, implementada por decreto en noviembre del año pasado, tiene un enfoque militar de la seguridad y se desarrolla ignorando la arquitectura institucional existente para atender estos temas.
Po otro lado, el hundimiento de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el Congreso, por segunda vez en dos años, es otro de los grandes lunares en la implementación del punto dos.

Ángela Rodríguez, Coordinadora País para Colombia del NIMD realizó un llamado al gobierno para rescatar el espíritu original del acuerdo. “Queremos aportar insumos para enriquecer el debate, proporcionar alertas y dar recomendaciones que ayuden a la eficaz y completa implementación. Esperamos que el informe aporte positivamente a la toma de decisiones del gobierno para la consecución de la paz, la garantía de la participación y el ejercicio de la política”.

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